ONAMIAP se reunió con Christian Salazar, Director de Operaciones de Terreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su visita al país para conocer sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto actual. Denunciamos la violación de derechos humanos y el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones contra la dictadura de Dina Boluarte.
Nuestra organización denunció la criminalización sistemática de los pueblos indígenas y señaló que la mayor parte de los asesinatos perpetrados durante las protestas se han dado en regiones con alto porcentaje de autoidentificación indígena.
“Puno, Apurímac y Ayacucho donde se han dado grandes masacres en los últimos días, son regiones con más de 80% de población indígena”, señaló, Liliana Gadea, del equipo técnico de la organización.
El Alto Comisionado, quien se reunió previamente con Dina Boluarte y varios de sus ministros, aseguró que el Ejecutivo tiene voluntad de dialogo. Sin embargo, en un comunicado oficial publicado tras su visita, también recalcó que el manejo de la crisis está vulnerando los derechos humanos de las personas y que no se ejercen los protocolos nacionales ni internacionales que avalan el derecho a la protesta pacífica.
El comisionado recalcó que la manifestación pacífica es una vía de participación política, especialmente para las poblaciones tradicionalmente marginadas, discriminadas y no escuchadas, como lo son, en el Perú, los pueblos indígenas. Esto frente a información que recibió que alegaba la retención y hostigamiento de manifestantes por parte de las mal llamadas “fuerzas del orden”.
Por nuestra parte, también señalamos que el rol de la Fiscalía es preocupante y es una de las muestras de la falta de separación entre los poderes del Estado. La Fiscalía no está actuando como garante de derechos humanos, por el contrario, ha dispuesto que se investigue por crimen organizado a las personas detenidas en manifestaciones.
Estos actos ponen en tela de juicio las investigaciones a las personas detenidas, ya que implican un sesgo racista, basado en el terruqueo y la falta de independencia entre los poderes del Estado. De igual forma, el poder legislativo viene promoviendo un paquetazo contra los derechos de los pueblos indígenas y preocupa su accionar frente al adelanto de elecciones.
Tras su visita y el recabado de información con actores estatales y de la sociedad civil, el Comisionado se comprometió a enviar comisiones especializadas a las regiones afectadas para continuar escuchando a miembros de la sociedad civil y de los gobiernos locales y regionales.
Además, exhortó al Estado Peruano a tomar acciones concretas para alcanzar un espacio de dialogo que garantice el cese de la violencia y una solución a la crisis.
ONAMIAP está en movilización y denuncia permanente sobre las acciones que tome la dictadura. Y exigiremos el cumplimiento de nuestros derechos, así como el de las recomendaciones de los organismos de protección internacional de derechos humanos en el marco de un terrorismo de Estado que sigue llevándose vidas casi a diario.
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