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ODS: El Estado peruano omite el precario sistema de salud y protección social que vulnera derechos


ODS: El Estado peruano omite el precario sistema de salud y protección social que vulnera derechos de pueblos indígenas


Este año marca la mitad del camino hacia la Agenda 2030, compromiso acordado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas hacia un desarrollo sostenible. Lamentablemente en el Perú, sin reformas estructurales de fondo, y con un régimen ilegítimo, que vulnera permanente y sistemáticamente derechos, los compromisos con los ODS no solo parecen haberse quedado “a medio camino”, sino –por el contrario- hay una tendencia regresiva con la que se avizora con claridad un futuro desalentador y turbio.


Después de una pandemia que evidenció la débil infraestructura sanitaria, educativa y económica en el Perú y agudizó las desigualdades sociales, hoy nos encontramos en un régimen político dictatorial, indolente, represor y mafioso encabezado por Dina Boluarte, quien impone su mandato con graves violaciones a los derechos humanos, incluidos el asesinato de 60 hermanos y hermanas, mayoritariamente de origen indígena, repudiado a nivel nacional e internacional.


Muestra de ello fue lo ocurrido esta semana en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la ONU, donde Boluarte señaló que “más del 99% de peruanos tiene un seguro médico”. Más allá de que esta información haya resultado engañosa, dicha declaración niega el poco o nulo avance hacía el acceso pleno y efectivo al derecho a la salud y un adecuado programa de protección social de la población en general y con especial énfasis en los pueblos indígenas, vulnerando nuestros derechos individuales y colectivos.


De acuerdo con el Informe de Resultados de las Naciones Unidas en el Perú 2022, en materia de protección social, la pobreza monetaria ha aumentado: más de la mitad de la población nacional (16,6 millones de personas) está en situación de inseguridad alimentaria. La desnutrición crónica infantil, la anemia, el sobrepeso y la obesidad también están creciendo. Más del 95% de establecimientos de salud del primer nivel de atención en el país carecen de instalaciones adecuadas.


Frente a este panorama, aún está pendiente la incorporación de la variable étnica en todos los datos del INEI y los registros del Estado, tal como recomendó ONAMIAP en su informe “Para que no nos quedemos atrás: Mujeres indígenas frente a los ODS”. Una incorporación urgente para tener una real dimensión de la situación de los pueblos y mujeres indígenas, y con ello diseñar políticas específicas y pertinentes.

Asimismo, la precariedad en el acceso y cobertura universal a la salud, a nivel territorial, se visibiliza en los resultados obtenidos por ONAMIAP de los cuestionarios comunitarios, herramientas del Navegador Indígena aplicados para generar información de calidad por y para los pueblos indígenas. Veamos solo algunos de esos resultados:


Los comuneros y comuneras quechuas de la Comunidad Campesina Uchuraccay (anexo Espincuy) refieren que para atenderse en un puesto de salud satélite tienen que caminar cerca de dos horas. Además, el personal de salud prohíbe las prácticas de curación y medicina ancestral.


En la comunidad nativa San Pascual, del pueblo Asháninka, ubicada en Satipo, Junín, reportaron que el puesto de salud está ubicado a una hora de distancia en el centro poblado aledaño, dicho servicio no atiende en su idioma originario y les dan malos tratos: “Vienen (a la comunidad), toman foto, te toman la presión y no hacen más. A veces, renegando te atienden. En pocas ocasiones tienen algunos medicamentos, pero no te los dan. Solo te dan calmantes. Incluso te regañan porque dicen que no cuidas a tu hijo. Después, vienen (a la comunidad) y dicen: ¿por qué no vienen?, solo cuando están muriéndose vienen”.


La misma situación enfrenta la comunidad Urinsaya Ccollana Huarocondo, del pueblo quechua, en Anta, Cusco, quienes comentan que la atención es pésima, “tienes que esperar 3 o 4 horas (...). Solo hay dos o tres doctores en la zona que dominan más o menos el quechua”. “Únicamente para vacunarte te buscan de rincón en rincón, de casa en casa”, “cuando reniegan se desfogan (…) a las personas embarazadas les insultan: ‘para que abres las piernas’, les dicen”.


Estos testimonios de las comunidades indígenas quechuas y ashánincas expresan la dramática realidad que enfrentan y desmienten la supuesta mejora que Dina Boluarte pretende presentar ante la comunidad internacional.


La agenda para garantizar el acceso integral al derecho a la salud indígena intercultural es mucho más amplia, el Estado peruano debe partir por respetar la salud indígena ancestral y destinar fondos para que los propios pueblos indígenas fortalezcamos nuestros conocimientos, tecnologías y prácticas de salud ancestrales, así como reconocer y garantizar la formación de nuestros sabios y sabias, para después dialogar con la medicina occidental y generar políticas de salud intercultural en condiciones de equidad.


El reconocimiento pleno y efectivo de este y todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las mujeres indígenas debe ser parte de los compromisos establecidos por la comunidad internacional, que hasta la fecha continúa priorizando sistemas que históricamente discriminan y vulneran los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Naturaleza.



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