El viernes 5 de noviembre, la presidenta de ONAMIAP Melania Canales Poma planteó con claridad los puntos prioritarios que debe resolver, entre otros, la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PCICC), como parte de una agenda urgente para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y los de la Madre Naturaleza en las políticas públicas sobre crisis climática.
Entre estos puntos destaca el reconocimiento y la seguridad jurídica de nuestros territorios integrales ancestrales, como pueblos indígenas. Porque es en nuestro territorio donde ejercemos nuestros derechos y ellos son la fuente de la ciencia y tecnología ancestrales con las que nos relacionamos en armonía con la Madre Naturaleza, protegiéndola como ellla nos protege.
Para hacer efectiva esta seguridad jurídica es indispensable derogar todas aquellas normas que se traducen en el despojo territorial, como la figura de abandono de tierras, su libre disposición, la expropiación y las concesiones para actividades extractivas (hidrocarburos, minería, forestales, monocultivos agroindustriales) que el Estado otorga sin cumplir con el requisito de la consulta previa, libre e informada.
Otro tema prioritario para la PCICC es el normativo. Dentro de ello, el debate y la promulgación de una ley que reconozca los derechos de la Madre Naturaleza, sus ecosistemas y especies. Es indispensable que el Estado reconozca a la Madre Naturaleza como sujeta de derechos, para prevenir, evitar y sancionar su depredación y destrucción.
Demandamos, asismismo, garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles de gobierno: local, regional y nacional. Por ello planteamos desde el inico que la PCICC trabaje en cada uno de estos tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer esta instancia de nstitucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado, en materia de cambio climático.
Planteamos también la participación en las decisiones sobre el uso de los fondos de la cooperación para enfrentar la crisis climática. En la actualidad, este tipo de contratos son sucritos entre el Estado y la cooperación. Nuestro planteamiento es que se hagan contratos tripartitos (Estado-agencia de cooperación-pueblos indígenas involucrados), es decir, que nos dejen de ver solo como “beneficiarios” y nos reconozcan como actores decisorios.
Cuando el mundo debate en la COP26 las acciones para enfrentar la crisis climática, las mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú exigimos que todas las políticas garanticen nuestros derechos y la continuidad de todas las formas de vida.
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