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Nuestras voces no se callarán hasta alcanzar justicia

La memoria de nuestros hermanos quechuas y aimaras acompaña y alimenta nuestra lucha y resistencia.


Se ha cumplido un año de los asesinatos de nuestros hermanos quechuas y aimaras, producto de la represión racista contra los pueblos movilizados, y la justicia no llega. La dictadura se endurece y sigue criminalizando nuestra defensa de derechos, precarizándolos con normas retrógradas. Pero los pueblos no olvidamos. Ni olvido ni perdón.


No olvidamos esa sangre derramada. No olvidamos que hay responsables directos, los que dispararon, ni a quienes dieron la orden de disparar: la usurpadora Dina Boluarte y sus ministros. Por eso los denunciamos desde la primera muerte. Por eso acudimos a organismos internacionales, señalando claramente que este es un genocidio que da continuidad y agrava la sistemática política de exterminio contra los pueblos y las mujeres indígenas iniciadas con la invasión española y mantenidas por la República. Es el colonialismo asesino.


Lo dijimos claramente en nuestro informe “Hasta alcanzar justicia”, entregado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Con base a la información pública disponible se identifica que los actos realizados por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas (…) es responsable del delito de genocidio y de lesa humanidad en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco” (…). Informe de los crímenes perpetrados entre diciembre de 2022 y enero de 2023 contra los pueblos del sur andino.


La dictadura congresal impuso a Dina Boluarte en el Ejecutivo. La dictadura concentra todos los poderes. Amenaza con destituir a la Junta Nacional de Justicia y con una “reforma del sistema de justicia” para garantizar la impunidad de la corrupción y los crímenes contra los derechos humanos. Se apodera del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Amenaza al Jurado Nacional de Elecciones. Todo con la complicidad de los medios masivos mientras persigue y ataca a la prensa independiente. Esta dictadura se ha instalado para cumplir los mandatos del poder económico.


Por eso demandamos insistentemente que una comisión internacional investigue estos delitos. Porque en el Perú, con todos los poderes del Estado formando parte de la dictadura, NO EXISTEN GARANTÍAS PARA LA JUSTICIA. Una dictadura que se instaló para perpetuarse, sin importar quien ocupe el sillón presidencial. Por eso decimos también que no basta con recuperar la “democracia”: necesitamos un nuevo Estado que garantice vidas y derechos, un Estado plurinacional. Por eso exigimos la convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular, Plurinacional, Soberana y Paritaria.


Ni la represión, la estigmatización y la criminalización nos callarán. Nuestra resistencia es de quinientos años. Nuestros gritos de exigencia de justicia no cesarán. No olvidaremos a nuestros hermanos asesinados. Su memoria acompaña y alimenta nuestra lucha. HASTA ALCANZAR JUSTICIA.

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