Nuevamente, en nombre de la promoción de la inversión, se arrasa con los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó el martes 7 de abril el Proyecto de Ley 3491/PE-2014, que continúa socavando la seguridad jurídica de nuestras tierras y territorios comunales, facilitando la aplicación de derechos de servidumbre y expropiación de tierras eriazas y bienes inmuebles a favor de los inversionistas.
Los pueblos indígenas y sus organizaciones apostamos por el diálogo. Por ello, el 30 de marzo pasado, remitimos una carta a la citada Comisión, con las recomendaciones referidas al Proyecto 3491. La Comisión no solo hizo caso omiso de nuestras propuestas, sino que negó el uso de la palabra a nuestros representantes del Pacto de Unidad, pese a que en su anterior sesión había acordado escucharlos. Además, el dictamen fue aprobado con un quórum de sólo 6 congresistas de 12 miembros, 3 de los cuales eran accesitarios.
El dictamen aprobado vulnera nuestros derechos territoriales, porque bloquea la titulación de nuestras comunidades mediante el otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de área. Todos sabemos que existen muchas comunidades campesinas y nativas sin título de propiedad inscrito. Todas ellas corren peligro.
También profundiza la flexibilización de las normas ambientales y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, porque establece que las autoridades sectoriales otorguen títulos habilitantes, echando por tierra las atribuciones y el trabajo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).
Pese a constituir un serio riesgo para el ejercicio de nuestros derechos como pueblos indígenas, el Proyecto 3491 no ha sido sometido a consulta y consentimiento previo, libre e informado, como lo mandan las leyes nacionales y los tratados internacionales.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP estará atenta al debate del Pleno, para exigir, junto con las organizaciones indígenas nacionales articuladas en el Pacto de Unidad, el rechazo al dictamen del Proyecto 3491. Vamos a defender nuestros derechos. Y seguiremos demandando una real política pública de titulación para nuestras comunidades campesinas y nativas, así como el fortalecimiento de las normas y de las instituciones ambientales, en defensa de nuestra Madre Tierra.
Lima, 9 de abril de 2015.
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