Decisión del Tribunal Constitucional contraviene resolución de supervisión de la Corte IDH en abierto delito de prevaricato.
El Tribunal Constitucional ha dispuesto la ejecución del indulto del 2017 al exdictador Alberto Fujimori, contraviniendo en claro delito de prevaricato una Resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo hace dos días antes de la movilización de los pueblos al cumplirse un año de la instauración de la dictadura.
Para eso fueron elegidos los miembros del Tribunal Constitucional, para formar parte de la conspiración de todos los poderes para garantizar la impunidad por los crímenes contra los derechos humanos y la corrupción. Los criminales han tomado el poder. El estado de Derecho ya no existe en el Perú. ¿Es esta la institucionalidad que se pretende defender?
Una institucionalidad instaurada para asesinar. Desde hace un año no hay Estado de Derecho, no hay justicia, desde que criminalizan a todos nuestros hermanos y hermanas que ejercen su derecho a la protesta, desde que no avanzan las investigaciones sobre los asesinatos. Esta aberración jurídica del Tribunal Constitucional es la punta del iceberg de toda la regresión de derechos y de todos los atentados contra las vidas.
Parte de ello es el Decreto Legislativo 1589 emitido por el Poder Ejecutivo, que incorpora como delitos al Código Penal la “colaboración al delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos” y la “colaboración al delito de disturbios”. Más criminalización. Más licencia para matar a las “fuerzas del orden”.
Todo esto en medio de los escándalos que involucran al Congreso, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, que no hacen más que evidenciar las negociaciones por la impunidad. Y que no son el inicio de la dictadura, como pretenden hacernos creer quienes se llenan la boca de “defensa de la institucionalidad”.
Instamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse a la brevedad posible. Los culpables de genocidio, de delitos de lesa humanidad, no tienen derecho al indulto, eso lo ha dejado claro la Corte IDH. Los pueblos tenemos derecho a protestar.
Todo esto confirma, una vez más, que este modelo de Estado, creado por la dictadura fujimorista, no da para más. Urge un nuevo pacto social. Una nueva Constitución Política que siente las bases para garantizar los derechos y las vidas. ¡Fuera los criminales del poder!
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