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Mujeres indígenas: defensoras de las vidas, sembradoras de futuro

Foto del escritor: onamiaponamiap

Mujeres indígenas exigen la ratificación del Acuerdo de Escazú y su implementación con pertinencia cultural.


Un tema que ocupa el foco de interés de los medios de comunicación en la actualidad es la violencia y la inseguridad. Se habla de extorsión y homicidios. Pero poco o nada se dice de las autoridades, líderes y lideresas indígenas asesinados por defender sus derechos, principalmente territoriales, frente a los cuales la indiferencia del Estado y gran parte de la sociedad es alarmante. Una indiferencia que se expresa no solo en la falta de justicia sino también en la negativa del Congreso de la República a ratificar el Acuerdo de Escazú.


De acuerdo con el informe de Global Witness, entre los años 2012 y 2023 un total de 2106 defensores y defensoras ambientales han sido asesinados en el mundo. De estos asesinatos, 1428 se perpetraron en América Latina. De estos últimos, 58 en el Perú. El 49% de las víctimas eran indígenas y afrodescendientes. Es decir, precisamente pueblos cuyas culturas se sustentan en el cuidado de la naturaleza.


La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, lo expresa así: “Nuestro vínculo espiritual ancestral con la Madre Naturaleza y con nuestros territorios como parte de ella es el sustento de nuestras identidades culturales y nuestra fuente de derechos. Los pueblos y las mujeres indígenas somos hijos e hijas de la Madre Tierra, somos parte de ella. Todo lo que a ella le afecta nos afecta a nosotros y nosotras. Por eso la cuidamos como ella nos cuida”.


ONAMIAP, que desarrolla un proceso de difusión y construcción de propuestas sobre el Acuerdo de Escazú con sus bases organizativas, cuestiona el término “defensores”, porque “éste invisibiliza y desarraiga las identidades de nuestras luchas territoriales y resistencias colectivas. Los pueblos indígenas somos los propietarios ancestrales de nuestros territorios integrales, no sus guardianes”.


No obstante, la organización es firme en la exigencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Ketty Marcelo López, asháninka-yanesha presidenta de ONAMIAP, argumenta: “Para nosotras es muy importante que el Estado garantice nuestras vidas. Porque nosotros y nosotras somos quienes estamos en primera línea en la defensa de nuestros territorios. Somos quienes enfrentamos en ellos la crisis climática, las diversas amenazas del extractivismo, del modelo económico, del despojo territorial”.


MÚLTIPLES AMENAZAS


El Acuerdo de Escazú es un acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional firmado por 25 países y ratificado por 17 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. El Estado peruano no ha ratificado el Acuerdo.


No lo ha ratificado pese a las múltiples amenazas que enfrentan los pueblos indígenas. Por parte no solo de las actividades ilegales en sus territorios sino también del Estado, que criminaliza su exigencia de derechos.


Estamos amenazadas por quienes invaden nuestros territorios, recibimos amenazas de muerte y no tenemos quien nos respalde. Hay muertes, nos están matando por nuestros territorios. El Estado mismo los está vendiendo. Nuestra vida no está segura”, dice Edilberta Amasifuén, shipiba de Ucayali.


Fiori Amasifuén, también shipiba de Ucayali, enumera las actividades ilegales en sus territorios: “la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras”. Pero también están los monocultivos agroindustriales: “Ocho sur está deforestando para sembrar palma aceitera, degrada la tierra. Compran a algunos apus, dividen a la comunidad. No hay justicia para los pueblos indígenas”.A todo ello se suman los impactos de la crisis climática:


“En las chacras hay muchas sequías, luego viene la lluvia, inundaciones, huaicos, que destruyen nuestros cultivos.  Afecta a la salud por las fuertes lluvias, ya no se puede ir al campo por el fuerte calor”, señala Eli Fernández, asháninka de la Selva Central de Junín.

DERECHOS VULNERADOS


Todo lo anterior configura la vulneración de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales de los que el Perú es Estado parte. Como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en Perú desde 1995: “exigimos que se respete el Convenio 169”, subraya Fiori Amasifuén.


ONAMIAP menciona entre los derechos vulnerados el derecho a la vida, individual y colectiva. Individual porque criminalizan y asesinan a las autoridades, líderes y lideresas indígenas. Colectiva porque no respetan sus modos de vida. Además, al territorio, por las múltiples formas de despojo territorial y de sus recursos naturales.


A la libre determinación, porque les imponen leyes, programas y proyectos ajenos. A la consulta y consentimiento, porque las concesiones para proyectos extractivos y de infraestructura, las leyes y normas que impactan en sus derechos no son consultados ni sometidos a su consentimiento.


A un ambiente saludable, porque las actividades legales e ilegales: mineras y petroleras, la tala, los monocultivos, contaminan sus fuentes de agua, tierras, aire. A la salud y la soberanía alimentaria, porque esas actividades, junto con la crisis climática, traen nuevas plagas que afectan a sus animales y cultivos y enfermedades que afectan sobre todo a la niñez.

Al acceso a la justicia, por la lejanía de las comunidades y los altos costos. Los mecanismos de protección existentes no están adecuados a sus culturas y no respetan sus propios sistemas de justicia.


DEMANDAS CENTRALES


En octubre del 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso envió al archivo la ratificación del Acuerdo de Escazú. Pese a las labores de incidencia que las organizaciones nacionales indígenas, colectivos juveniles, ONG y otros grupos de la sociedad civil llevaron a cabo para la ratificación de este Acuerdo desde su firma en el 2018, la mencionada Comisión negó la protección de las personas defensoras de derechos, quienes los defienden incluso a costa de sus propias vidas.


Frente a ello, la demanda central de ONAMIAP es “la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y que en su implementación se adecuen todos los mecanismos de protección a los modos de vida de los pueblos y las mujeres indígenas, que ponemos en el centro la defensa de las vidas que alberga la Madre Naturaleza y nuestras formas colectivas de tomar decisiones. Todo ello en diálogo, consulta y consentimiento, vinculantes con nuestras comunidades y organizaciones representativas”.


El acceso a la información es un tema central: “necesitamos que se ratifique el Acuerdo de Escazú para tener acceso a la información sobre las políticas climáticas, sobre los instrumentos internacionales”, enfatiza Ketty Marcelo.


Enfatiza los derechos a la vida y a la justicia: “buscamos la defensa de la Madre Naturaleza, buscamos el derecho a vivir. No queremos ser asesinadas en busca de la titulación de nuestros territorios, por enfrentarnos a los invasores, a las economías legales e ilegales. Necesitamos justicia para nuestros hermanos asesinados”.


Otro punto central es la participación: “necesitamos participar de manera plena y efectiva en todos los espacios relacionados con la defensa territorial, con la crisis climática. No solo una presencia. Una participación plena y efectiva. Que se respeten nuestros derechos”, subraya la presidenta de ONAMIAP.


Para ONAMIAP, no basta con la ratificación. Jerly Ventura, shipiba, lo expresa así: “queremos que el Estado ratifique el Acuerdo de Escazú y lo tome en cuenta al hacer cualquier ley. Para garantizar nuestra seguridad territorial, para que no se otorguen concesiones que depredan el bosque”.




La visión de ONAMIAP es integral, sus derechos se interrelacionan y frente a ellos tienen demandas concretas. Exigen el reconocimiento jurídico de sus territorios y garantías para ejercer en ellos su libre determinación. Dentro de esto, el reconocimiento de la justicia indígena sin subordinación a la justicia ordinaria.


Asimismo, consulta y consentimiento para las concesiones mineras, petroleras, gasíferas, forestales, monocultivos y proyectos de infraestructura, así como para las políticas, leyes, programas, normas y planes que las afecten.


En cuanto a las personas defensoras, tienen demandas concretas, empezando por garantizar la protección de los hombres y las mujeres indígenas que cuidan sus territorios; persecución y sanción efectiva a las mafias ilegales que los amenazan; y presupuestos y participación de sus organizaciones en los mecanismos y protocolos de protección, de manera que puedan ser culturalmente adecuados.


A lo anterior se agrega la sanción a funcionarios estatales por el incumplimiento de los mecanismos o medidas de protección; el establecimiento de redes institucionales de alerta para identificar y prevenir casos de violencias, acosos o amenazas, con la participación de sus organizaciones. Y la no criminalización del derecho a la protesta.


Todas estas demandas se vinculan a la búsqueda de ejercicio de derechos no solo de las personas defensoras, sino de la propia naturaleza. Karen Huere, joven ashánika, lo explica: “para que el Estado proteja a la Madre Naturaleza y nuestros territorios, debe reconocer a la Madre Naturaleza como sujeta de derechos, sentir nuestras luchas para protegerla. Recoger la voz de los pueblos y las mujeres indígenas para esa protección, nuestros llamados al cuidado de las vidas.  Para detener las violencias estructurales en nuestros territorios”.

 

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