El Ministerio de Cultura (MINCU) se deslegitima cada día más como ente rector de políticas indígenas, poniéndose en contra de nuestros derechos., mientras coloca a funcionarios/as indígenas como coartada para defender los intereses del sistema hegemónico.
Esta vez está obstaculizando la consulta previa de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, con actitudes prepotentes de funcionarios que proclaman que ellos son los únicos expertos y negándose a recoger nuestras propuestas antes del propio proceso de consulta. Advirtiendo que no se puede cambiar una letra del texto propuesto. ¿Para qué la consulta, entonces, si no se van a recoger nuestras propuestas? Solo para avalar sus políticas coloniales.
Con esta actitud ocultan que, además de los instrumentos internacionales de derechos, la propia normativa interna del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) lo obliga a hacerlo: la Guía de Políticas Nacionales, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00057-2018/CEPLAN/PCD del 14 de noviembre de 2018, señala en su punto 7.3 que en la etapa preparatoria de las políticas nacionales la participación de los actores relacionados con ellas (en este caso los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas) debe ser “transversal en las distintas etapas y pasos de la política nacional”.
Es la primera vez que CEPLAN asume un proceso de consulta previa. El MINCU se aprovecha de esta inexperiencia y se vale de un funcionario para tratar de amedrentar y confundir. Es el mismo personaje que fue parte del equipo de SERFOR en la consulta previa de la reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que pretendió someter a consulta solo algunos artículos de esa reglamentación y no su totalidad, realizar el proceso en un mes de plazo y negar la participación de ONAMIAP, alegando que somos una “institución temática”. En todo ello tuvo que retroceder.
Estas actitudes demuestran el afán de manipular y poner solo como imagen de adorno a las mujeres indígenas que el MINCU convierte en funcionarias. Para que las organizaciones tengamos reticencias para cuestionarlas. Para dividirnos y asimilarnos como parte del Estado colonial. Buscando felipillos y felipillas contemporáneos.
Es también para decorar su imagen que se desesperan por aprobar una Política Nacional de Pueblos Indígenas. Nos preguntamos si ésta es necesaria, porque somos naciones preexistentes al actual Estado y seguiremos existiendo con o sin ella, existiendo, resistiendo y luchando por el pleno ejercicio de nuestros derechos.
Recordemos que al inicio de la pandemia de COVID-19, el MINCU pretendió realizar una consulta virtual de la Política Nacional de Pueblos Indígenas y de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Cultural e Interculturalidad al 2040. Logramos hacerlo retroceder. Pero la segunda de ellas fue aprobada por Decreto Supremo N° 012-2021-MC del15 de julio del año pasado, sin consulta, lo cual la hace ilegal.
Lo decimos claramente: el CEPLAN debe ir recogiendo nuestras propuestas desde la etapa preparatoria de la consulta, consulta a la que debe someterse el texto completo de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, de manera integral y no fragmentada. Y, sobre todo, debe garantizar nuestro derecho al consentimiento o no, previo, libre, informado y vinculante. De lo contrario, el proceso de consulta se reduce a un trámite administrativo y no es el ejercicio de un derecho.
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