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Militares venezolanos asesinan a indígenas yanomanis para imponer la minería en sus territorios

Desde la Coordinación Regional Sur del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA SUR) repudiamos el asesinato de cuatro indígenas yanomanis a manos de militares venezolanos, exigimos justicia y protección para la comunidad y sus líderes, acosados por defender sus territorios de actividades extractivas legales e ilegales. Este es un criminal atentado contra nuestros derechos a la vida, el territorio, la libre determinación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.


El asesinato de cuatro indígenas yanomanis por militares venezolanos fue perpetrado para imponer la minería en sus territorios. Los hechos ocurrieron el 20 de marzo en la base de la Aviación Militar de Parimabe y los autores materiales son miembros de una unidad militar del estado de Aragua. Todo porque la comunidad les negó el permiso para ingresar maquinaria minera a sus territorios.


Este crimen no es un hecho aislado. Los territorios del pueblo Yanomani se ubican en la frontera entre Venezuela y Brasil y son permanentemente atacados por militares y por garimpeiros (explotadores ilegales de oro, mercurio y piedras preciosas) brasileros. Al punto que en la zona solo quedan alrededor de cien indígenas yanomanis. Y allí está instalado un puesto militar que antes ocupaba el Ejército y ahora lo hace la Aviación Militar.


Esta vez los miembros de la Aviación trataron de convencer al cacique Sabino Silva que permitan la minería aurífera en territorios vírgenes. Ante la negativa de la comunidad, los militares dispararon a los yanomanis con armas de fuego, asesinando a cuatro de ellos. Entonces la comunidad cercó a los militares y los retuvo. 


Según reporta el portal noticioso Infobae, la propia alcaldesa Yamilet Mirabal ha confirmado los hechos: “En realidad los militares solo estaban presionando a los yanomamis para que les dieran permiso a sacar oro de territorio virgen y para ello les impidieron el acceso al internet y el uso de la pista de aterrizaje, lo que hace muy difícil acceder al lugar por vía terrestre o fluvial. El incidente no fue más que una excusa para que los militares le hicieran sentir a los hermanos yanomamis que ellos tienen el poder”.


Los yanomanis fueron entonces al Ministerio Público, donde la fiscal superior Adelis Ramírez no solo se negó a atenderlos, sino que los trató de manera despectiva. Tuvieron que acudir en mayor número y con arcos y flechas para que la fiscal acceda a hablar con ellos. Para colmo, los militares de la zona están solicitando que el cacique Sabino sea detenido por “ataque al centinela”, porque un hijo de él le arrebató el arma al primer teniente del puesto militar y la lanzó al patio.


Este asesinato ha traído a la memoria la masacre de Xaximú, ocurrida en 1993: los garimpeiros mataron a cuatro jóvenes yanomanis, la comunidad respondió y murieron dos garimpeiros.  Entonces los buscadores de oro asesinaron a doce indígenas, entre ellos un bebé, descuartizaron los cadáveres e incendiaron la aldea.


Esta historia de terror debe terminar. Llamamos a la solidaridad de las organizaciones indígenas del continente. Demandamos a la comunidad internacional que se pronuncie. Por el respeto a los derechos a la vida, a los territorios, a la libre determinación de nuestros pueblos.


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