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Ley Tudela: El Congreso pretende consumar un atentado más contra los pueblos indígenas

Una nueva arremetida del Congreso contra nuestra identidad indígena. La congresista Adriana Tudela, con el apoyo de Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, miembros de la actual coalición autoritaria que usurpa el gobierno, ha presentado el proyecto de Ley N. ° 05903-2023-CR que amenaza aún más los ya escasos avances desde el Estado en la promoción del cine indígena.


El cine indígena es una herramienta importante para fortalecer la protección y transmisión de nuestra identidad ancestral. Ante los permanentes estereotipos y racismo que enfrentamos los pueblos indígenas, el cine indígena se presenta como una oportunidad para autorepresentarnos desde nuestra cosmovisión y expresiones culturales propias.


En Perú, si bien desde el Estado su promoción ha sido limitada e insuficiente, hoy enfrenta una amenaza que no solo podría restringirlo, sino también censurarlo, en detrimento de volver más elitista la producción cinematográfica en el país, debido a la presentación de la referida “Ley Tudela”.


Este proyecto de ley, como si se tratara de un favor desde el Estado, considera “discriminación positiva” a los apoyos a las producciones nacionales de pueblos originarios, cuando –por el contrario- es un derecho a representar, mediante las artes visuales, nuestros modos de vida y conocimientos ancestrales. Todo de ello, bajo la lógica de que esto perjudica las oportunidades de inversión de “sectores como el turismo, el hotelería y el audiovisual”. Es decir, más folclorización que instrumentaliza y mercantiliza nuestras culturas.


Asimismo, se pretende limitar el cine a una actividad mercantil, definiéndola desde parámetros turísticos, debido a que se insiste en la actividad cinematográfica como medio para promover la inversión privada. En esa línea, se crea una “ventanilla única” que autorizaría la realización de producciones audiovisuales en territorio nacional y estaría a cargo de Promperú. Es decir, un órgano adscrito al Ministerio de Turismo, sin criterios establecidos, brindaría autorizaciones de las narrativas audiovisuales que se podrán realizar o no en el país.


En suma, todo ello resulta en un intento más de censura ideológica, desde una coalición dictatorial que lleva en su cuenta más de 60 asesinatos, y que es la misma que controla los medios de comunicación estatales y se opone abiertamente y arremete contra cualquier manifestación que interpele su actuar.


Este es un intento más de negar otras realidades que van en contra de la “buena imagen del Perú” que siempre insisten en vender ante el sector privado y la comunidad internacional, para taponear las violaciones a derechos humanos colectivos e individuales ampliamente registradas.



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