top of page

La dictadura se ensaña con los pueblos indígenas

Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Perú


Se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre la situación de derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales.


El Informe puntualiza que “Las protestas han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas (…) principalmente del sur del país, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa; regiones en las que se ha registrado el mayor número de víctimas”. Y donde se ha comprobado el uso indiscriminado de la fuerza en la represión militar y policial: “Las necropsias indican que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos a tórax, abdomen y cabeza”.


Es lo que ONAMIAP denunció desde el inicio: la dictadura cívico-militar-empresarial se ensaña con los pueblos indígenas. Nos asesina, criminaliza, detiene arbitrariamente y criminaliza. La CIDH indica que “se ha observado una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades, perpetuando la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilización de palabras como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’ o ‘indios’”.

Estos mensajes -advierte- “no son inocuos, sino que, por el contrario, crean un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminación hacia las comunidades campesinas y los pueblos indígenas originarios de Perú”.

Es más: “La estigmatización tiene el potencial de poner a las personas manifestantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques; siendo utilizada para justificar el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, amedrentamientos y represión en general”.


Como ONAMIAP hemos dicho también que la lucha y resistencia de los pueblos y las mujeres indígenas no se inicia el 7 de diciembre de 2022. El estallido social producido entonces tiene antecedentes históricos. Precisamente, el Informe de la CIDH, en su tercera parte, “Antecedentes y contexto”, dice que: “Mediante las manifestaciones pacíficas se canalizaron demandas de índole político coyuntural que guardan relación con demandas sociales de carácter estructural derivadas de un contexto de discriminación y desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En particular, hacia los pueblos indígenas (...) y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país; regiones donde se ha concentrado la mayor cantidad de protestas, de mensajes estigmatizantes y de denuncias de violaciones de derechos humanos (…)”.



Comments


bottom of page