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La dictadura debe ser investigada y sancionada por delitos de lesa humanidad

A los múltiples crímenes contra los derechos humanos que está perpetrando la dictadura cívico-militar-empresarial debe sumarse el de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con testimonios de las personas detenidas en la arbitraria e ilegal intervención a San Marcos, la policía las maltrató durante esa intervención y en los lugares de detención.


Los videos muestran cómo la policía insulta y llama “terroristas” a las personas detenidas. Las obliga a tenderse boca abajo en el piso. Las hace callar a gritos. Al momento de detenerlas, las personas -estudiantes y delegaciones regionales- fueron golpeadas. Incluso se ha denunciado penalmente que esta violencia física y psicológica fue extendida hacia los abogadores defensores que se constituyeron a las afueras de la universidad y no les dejaron ingresar durante la detención.


En los lugares de detención, las mujeres fueron obligadas a desnudarse y agacharse para ser sometidas a escrutinios degradantes en sus cuerpos. Obviamente, la intención no era buscar drogas, porque no había personas detenidos con cargos relacionados a ello, sino humillarlas y quebrarlas. Hay también testimonios acerca del uso de la violencia sexual contra ellas. Quisieron darles un escarmiento para que no salgan más a protestar. Una de las estudiantes, al ser liberadas, dijo claramente que su compañero que quedó detenido estaba siendo torturado.

Si esto ocurre en Lima, con toda la atención del público, ¿qué estará pasando en las regiones con las personas detenidas, si sabemos que la dictadura se está ensañando con los pueblos indígenas? Por eso insistimos en nuestro pedido de que una comisión internacional investigue todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado peruano desde que el 7 de diciembre del 2022 el Congreso instauró a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.


Lo hacemos porque con todos los poderes del Estado controlados por la dictadura, no hay garantías para la justicia en el Perú. Recordamos a los organismos internacionales que la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975 y ratificada por el Perú en 1988, señala textualmente en su artículo 2:

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.


Su artículo 1 define que “se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras”.


La liberación de las personas detenidas no excluye a la policía y a la dictadura de ser investigadas y sancionadas por esa intervención arbitraria e ilegal a San Marcos y los crímenes perpetrados durante y después de ella. Por todos los crímenes de lesa humanidad. Ya son más de 60 muertos. ¿Qué más espera la comunidad internacional para reaccionar?



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