Para mantener privilegios de unos pocos y continuar vulnerando derechos
La dictadura congresal y su “presidenta” hacen oídos sordos al clamor popular nacional de que se vayan. Como era previsible, el pleno del Congreso aprobó realizar las elecciones generales en abril del 2024, lo que implica quedarse por otro año y medio más. Todo ello para seguir aprobando leyes que atentan contra los derechos humanos colectivos e individuales y los derechos de la Madre Naturaleza, con el fin de mantener y aumentar los privilegios de los grupos de poder a los que representan, así como para garantizar su impunidad y continuar con su venganza política contra el presidente Pedro Castillo.
Se oponen tenazmente a convocar a una Asamblea Constituyente, pero asumen ese rol en la práctica sin que hayan sido elegidos para eso. Tienen más de 50 cambios constitucionales en cartera, entre ellos el retorno de la bicameralidad y la reelección de congresistas, que fueron mayoritariamente rechazados por la población en el referéndum realizado en diciembre del 2018.
Desde que recibió la banda presidencial de este Congreso, Dina Boluarte se convirtió en una traidora, porque “gobierna” con y para quienes perdieron las elecciones frente a una lista de la que ella formaba parte y que ofreció los cambios a los que hoy ella no solo se opone, sino que reprime y criminaliza a quienes los demandamos.
Porque la cifra de muertos continúa creciendo, en un alarde de poder y de desprecio por las vidas, sobre todo las de los pueblos indígenas, cuyas organizaciones pretenden desaparecer con la táctica del “terruqueo”, como quedó demostrado con el allanamiento por la DIRCOTE a la sede de la Confederación Campesina del Perú, en el que todos los testimonios señalan que se sembraron “pruebas”. Represión y criminalización por las que Dina Boluarte y sus ministros deben ser procesados y condenados.
No permitamos que se perpetúe esta dictadura cívico-militar.
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