Asociaciones de víctimas exigieron que el Estado peruano cumpla con reparar integralmente a las víctimas, en audiencia realizada por el organismo interamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió el pedido de las asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas para acompañar la implementación de una política de reparación integral si el Estado lo solicita. Fue en la Audiencia “Derechos humanos de las víctimas de esterilización forzada” realizada el 1 de marzo y solicitada por las asociaciones de víctimas, diversas instituciones y ONAMIAP.
“Queremos que se cumplan nuestros derechos, que el Estado nos garantice atención en salud física y psicológica”, expresaron las integrantes de las asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas. “Hablo en nombre mío y de todas mis compañeras, vengo a dar testimonio de nuestra historia de sufrimientos y engaños. Nos estigmatizan en nuestras comunidades, no hay comprensión, hay maltrato en nuestras familias”, señalaron.
Se expresaron en su idioma originario, el quechua, y demandaron que el Estado implemente de forma inmediata la reparación integral para mujeres y varones que fueron víctimas de una política de Estado genocida implementada por el gobierno de Alberto Fujimori. Recordaron que durante más de veinte años siguen esperando que el sistema de justicia sancione a los responsables, viendo como su caso se archivaba y/o dilataba ilegalmente, generando impunidad. Por ello, solicitaron el apoyo de la CIDH para que dé seguimiento y vigile de que el Estado cumpla con sus compromisos asumidos de reparar integralmente a las víctimas y sancionar a todos los responsables.
Plantearon, entre otras demandas, atención en salud con personal especializado, asistencia psicológica y social, ser incluidas en los programas de Techo Propio y Pensión 65, becas para la educación de sus hijos e hijas, como se ha otorgado a las víctimas de violencia política; así como que el Estado garantice defensa legal de su libre elección y confianza. Y, sobre todo, que el gobierno pida disculpas públicas a las víctimas.
Las abogadas de la sociedad civil, por su parte, recordaron que el 2003 el Estado asumió su responsabilidad y se comprometió a la reparación integral y a la no repetición, firmando un acuerdo de solución amistosa. Lo mismo el 2021. Pero hasta la fecha no ha cumplido y, por el contrario, ha presentado serios obstáculos para la reparación integral.
Existe un patrón de incumplimiento del Estado de compromisos, recomendaciones, mandatos legales e internacionales, enfatizaron. Debe hacerlo de la mano, con y para las víctimas, según los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. No se puede seguir revictimizando a las mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas. Entre aquellos compromisos incumplidos por el Estado, estuvo el de instalar una mesa de trabajo con participación de las asociaciones de víctimas y sus abogados.
Fotos: Wilson Chilo / Wayka
Los representantes del Estado (ministerios de Justicia y Salud, y Ministerio Público) dieron algunas cifras de atenciones, pero señalaron que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) es un registro de “posibles víctimas”, eludiendo su responsabilidad. Y expresaron su “beneplácito” por el ofrecimiento de asistencia técnica de parte de la CIDH.
Los comisionados de la CIDH, además de expresar su disposición para acompañar la política de reparación integral, reconocieron la perseverancia y persistencia de las víctimas en su lucha por verdad, justicia y reparación.
Asimismo, precisaron que una política de reparación integral, según los estándares interamericanos, debe diseñarse y ejecutarse con participación de las víctimas, incluir medidas de salud física y psicológica, seguro de salud focalizado, educación para sus hijos, indemnización y pensión. Y, especialmente, justicia, con celeridad y debida diligencia y con la determinación de responsabilidades materiales e intelectuales, así como la reparación simbólica, es decir, disculpas por parte del Estado.
También manifestaron su preocupación por que el REVIESFO tiene alrededor de ocho mil mujeres registradas, frente a 272 mil mujeres afectadas. Y que se haya excluido del proceso judicial a Alberto Fujimori y otros funcionarios. Finalmente, se comprometieron a dar prioridad al seguimiento de la reparación integral, la cual, subrayaron, debe ser inmediata.
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