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Hacia una transición energética justa

Si la naturaleza nos brinda múltiples fuentes de energía, ¿por qué las usamos para destruirla?


La crisis climática no espera, se acelera cada vez más. El 2021, el sector energético fue responsable del 73.2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Este servicio está en manos privadas y sirve principalmente a las empresas y el transporte de mercancías. Las centrales hidroeléctricas impactan en los derechos de las comunidades de su entorno, las que no reciben la energía que éstas producen. Frente a ello, planteamos una transición energética justa, que parta por reconocer los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas y los derechos de la Madre Naturaleza.


Sabemos que el uso desmedido de combustibles fósiles provoca y acelera la crisis climática. Pero un sistema nacido para la acumulación de riquezas y no para la satisfacción de necesidades se resiste a abandonar el híper consumismo y sigue condenando a los países empobrecidos a ser eternas fuentes de materias primas. Nos condena a un extractivismo que impacta con más fuerza en las vidas de los pueblos y las mujeres indígenas, porque son nuestros territorios los que albergan los bienes naturales que los poderosos ambicionan.


La dependencia a los combustibles fósiles se evidencia en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que cortó el flujo de gas a Europa, amenazando con una crisis energética, con alza de precios de la gasolina y el racionamiento de este combustible.


¿Es posible romper este círculo vicioso? Cada año, los Estados se reúnen en las Conferencias de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), discuten, toman acuerdos que no se cumplen o se cumplen muy poco. Porque no existe voluntad política, porque se aferran al poder. Porque desde su antropocentrismo siguen viendo a la Madre Naturaleza como un depósito de recursos y no como la conjunción universal de todas las vidas.


Conjunción universal. Pero se empeñan en ver la crisis y tratarla de manera fragmentada y no integral. No quieren comprender la interdependencia de todas las formas de vida. Por eso las falsas soluciones centradas en el mercado. Por eso, incluso, cuando hablan del abandono progresivo de los combustibles fósiles y su reemplazo por energías limpias -la transición energética- tampoco se enfocan en el centro del problema.


Porque no se trata de cambiar un extractivismo por otro. Como ocurre con el creciente interés por el litio. Recordemos que las baterías de iones de litio se usan para alimentar dispositivos electrónicos y además para almacenar energía generada a partir de energía eólica y solar. La ambición por este metal ya está provocando conflictos sociales con las comunidades quechuas y aymaras de Perú y Bolivia, en cuyos territorios o sus entornos existen grandes depósitos de litio.


Derechos y desigualdades


En primer lugar, debemos hablar de derechos. De reconocer a la Madre Naturaleza como sujeta de derechos. De garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las mujeres indígenas. A nuestra autonomía y libre determinación para decidir nuestros propios modos de vida y a la gobernanza de nuestros territorios ancestrales integrales. También a la energía.


Las comunidades indígenas somos parte de los 30 millones de personas que carecen del servicio de energía eléctrica en América Latina. Este servicio está en manos privadas y sirve principalmente a las empresas y el transporte de mercancías.


Hay que evidenciar también estas desigualdades. Una de cuyas manifestaciones en el Perú es la falta de acceso a la energía eléctrica, donde las brechas son evidentes: 4.3% de la población del área urbana carece de ese acceso, cifra que llega a 17.8% en el área rural. Las brechas son más grandes si hacemos esta comparación entre pueblos indígenas y población no indígena.


De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales 2017, la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población que se autoidentificó como indígena en los Andes alcanza al 83.7%. En el área urbana este porcentaje es de 91.7% y en el área rural, donde las comunidades tienen sus territorios, 67.1%. Y esta cobertura en las viviendas de la población que se autoidentificó como indígena en la Amazonía alcanza al 46.1%. En el área urbana, este porcentaje es de 87.5% y en el área rural 24.9%.


El Perú cuenta con siete centrales hidroeléctricas, cinco en Lima y dos en Junín. Pero la energía que producen no llega a las comunidades de su entorno. En cambio, causan múltiples impactos en las vidas y los derechos de estas comunidades. Entre ellos, la alteración de los ecosistemas terrestres y acuáticos, inundaciones, alteración de los ciclos hidrológicos y del curso de los ríos. También enfermedades causadas por el deterioro en la calidad del agua, pérdida de la conectividad entre comunidades, deconstrucción del tejido social, cambio de usos del suelo que afectan la economía indígena. Atentan contra los pueblos originarios en nuestro derecho a la identidad cultural, a mantener la posesión y propiedad de nuestros territorios, a beneficiarnos de los bienes naturales.


Transición energética


La naturaleza nos brinda todas las fuentes de energía: nuestros alimentos, los combustibles fósiles, el agua, el sol y el viento que producen la electricidad. ¿Por qué entonces el sistema se empeña en usar esas energías para destruirla? ¿No entienden que la destrucción de la naturaleza nos conduce a nuestra propia destrucción? Porque somos parte de ella, no sus propietarios. Los seres humanos pertenecemos a la naturaleza y no al revés.


El 2021, el sector energético fue responsable del 73.2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Frente a este panorama, se plantea la transición energética a través del uso de energías limpias. Sin embargo, un cambio de matriz energética resulta insuficiente si no se enmarca en un proceso de transformación integral, que comprenda cambios en la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo de energía. Y, sobre todo, si no forma parte de un retorno a una relación de cuidado y armonía con la Madre Naturaleza.


Experiencias en México y otros países latinoamericanos evidencian que la transición energética no es suficiente mientras que la producción y distribución de energía continúen en manos privadas. De allí surge la propuesta de transición energética justa o soberanía energética. Esto es el derecho de las comunidades a decidir cómo producir y consumir nuestra propia energía.


Ello implica el conocimiento de las normas y los conocimientos técnicos. Formar a las y los jóvenes de las comunidades para que la producción de energía sea una oportunidad laboral que al mismo tiempo refuerce su identidad cultural. Además, la energía producida por las propias comunidades puede también usarse para la dotación de agua limpia destinada a nuestro consumo y nuestras actividades productivas.


Hacia una hoja de ruta


Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, Argentina, lo resume así: “La transición energética no es un problema tecnológico, sino un problema social, económico, político y ambiental que tiene que ver con la organización de la sociedad”. Desde esa perspectiva, proponemos algunos elementos de una hoja de ruta para avanzar hacia una transición energética justa:

  • Reconocer el derecho a la energía como un derecho colectivo y vinculado a los derechos de la Madre Naturaleza.

  • Garantizar el respeto a los derechos humanos, colectivos e individuales, en toda política, programa y proyecto de transición.

  • Garantizar la participación de los pueblos y las mujeres indígenas en el diseño, implementación y vigilancia de toda política, programa y proyecto de transición.

  • Romper la propiedad privada concentrada de la producción y distribución de energía.

  • Orientar el consumo de energía al bienestar social y no a las actividades empresariales y de transporte de mercancía.

  • La transición energética, para ser justa, no debe cambiar un extractivismo por otro.

  • Identificar, prevenir y remediar los daños generados por el desarrollo energético en las comunidades y sus territorios.

  • Cerrar las desigualdades en el acceso a la energía con energías limpias, accesibles, confiables y asequibles.

  • Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo.

  • Acceso oportuno a la información.

  • Acceso a la justicia ambiental.

Para avanzar es ese camino, ONAMIAP ha incorporado a su agenda política el objetivo de trabajar por una transición energética justa. Desde nuestra identidad cultural y el ejercicio de nuestros derechos. Como parte del tejido de cambios estructurales indispensables para construir el Buen Vivir y la Vida Plena.



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