Un contingente de cientos de policías invadió hoy de manera violenta el territorio indígena ancestral de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Choquera y Chila, de la provincia de Cotabambas en Apurímac. Al momento se reportan, por lo menos, dos heridos de gravedad.
Este accionar violento del Estado y la empresa es inaceptable ya que las comunidades venían solicitando reiteradamente dialogar con el Estado para resolver el conflicto. Pero se prefirió recurrir a la violencia.
Por un lado, el ministro de Energía y Minas declaró tener voluntad política para dialogar con las comunidades afectadas; por el otro, la región policial de Apurímac se reunió con la minera Las Bambas y cedió las fuerzas policiales para el desalojarlos. Además, el día de hoy, el Perú amaneció con la publicación del Decreto Supremo N°042-2022-PCM que declara en Estado de Emergencia los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, atentando contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas que se encuentran defendiendo su territorio.
Las comunidades reclaman la devolución de sus tierras ya que la minera no cumple con sus compromisos. “No hay desarrollo, no hay riqueza, no hay nada de lo que nos prometieron. Más bien, contaminan nuestra agua y nuestras tierras”, aseguró Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad indígena Huancuire.
Al momento de la emisión de esta nota, el ataque de la policía continúa en las comunidades de Chila, Fuerabamba y Choaquere, con gases lacrimógenos, violencia física, uso de armas de fuego y persecución. Se reporta que esta represión va dejando varios heridos leves, dos de ellos gravedad, detenciones arbitrarias y tememos que la violencia llegue a otras comunidades, como Huancuire, que permanecen en defensa de su territorio ancestral, resistiendo.
ONAMIAP condena, una vez más, el actuar del Ejecutivo frente a las demandas legítimas de los pueblos indígenas. De qué sirve un gobierno que prometió servir al pueblo si se continúa con las mismas políticas de los gobiernos neoliberales, imponiendo a sangre y fuego el modelo extractivista.
Exigimos el Cese de la declaración inconstitucional del Estado de Emergencia y la inmediata renuncia inmediata del ministro del interior, Alfonso Chvarry. Basta de vulneración de derechos, responsabilizamos al gobierno del Perú por cada herido, fallecido, desaparecido y/o detenido que resulte de este desalojo violento.
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