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Foto del escritoronamiap

Exigimos justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas

A muchas de ellas las engañaron, a otras las obligaron, las chantajearon o las amenazaron. Las mujeres y varones que sufrieron esterilizaciones forzadas en el Perú aún no alcanzan la justicia que merecen.

Luego de varios años de lucha, el pasado 6 de noviembre, a través de un Decreto Supremo, se declaró de interés nacional la atención prioritaria de las víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años de 1995 y 2001, y se anunció la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) que entrará en funcionamiento a partir de diciembre próximo.

De los muchos crímenes de lesa humanidad que se perpetraron durante la década de los noventa, solamente algunos han logrado llevarse a juicio gracias a lo que se ha condenado a los responsables; no obstante persiste la amenaza de impunidad contra las víctimas que sufrieron esterilizaciones forzadas en ese lapso, que según Demus, suman entre 250 y 350 mil.

Las esterilizaciones forzadas fueron parte de una políticade Estado de reducción de la población presentada el 28 de julio de 1995 y financiada por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense con 36 millones de dólares, que vulneró los derechos fundamentales de las mujeres y varones, principalmente de las zonas rurales del país. Sin lugar a dudas, existe un componente de racismo en este crimen ya que los peruanos y peruanas, principalmente los y las indígenas, fuimos vistos y vistas como seres casi irracionales, incapaces de tomar decisiones propias por lo que el Estado debía imponernos no tener más hijos.

Esta política tenía como objetivo principal disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana, a través de métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje del personal de salud involucrado, que trabajaba bajo la presión del establecimiento de metas e incentivos y que ahora es señalado como único responsable.

De acuerdo al informe final solicitado por el Ministro de Salud en julio de 2002, entre 1995 y el 2000, 331 mil 600 mujeres fueron esterilizadas, mientras que 25 mil 590 varones sufrieron vasectomías. Sin embargo, hasta ahora solo se vienen investigando 2073 casos.

Las mujeres de ONAMIAP, nos solidarizamos con las víctimas de este crimen, condenamos el actuar de los involucrados, exigimos una investigación imparcial y exhaustiva, así como severas sanciones a todos los responsables, en especial a los responsables políticos que ordenaron la implementación de esta política, y a las agencias y bancos que la financiaron porque ellos también deben asumir su responsabilidad. Asimismo, estaremos vigilantes de que se realice la implementación adecuada del Reviesfo para que las víctimas accedan a la justicia que merecen.

¡Las 350 mil víctimas no pueden esperar otros veinte años para que se les haga justicia!

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