Tres personas armadas de machetes atacaron el viernes 25 de septiembre a Merino Odicio Huayta, uno de los comuneros que patrulla el bosque de comunidad kakataibo Mariscal Cáceres para protegerlo de la invasión de narcotraficantes en la provincia Padre Abad, Ucayali. Merino Odicio es uno de los monitores kakataibo que alerta con drones la deforestación del bosque que causa el narcotráfico.
Fue un ataque anunciado. La Federación Nacional de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) había reportado a la policía nuevas amenazas contra las autoridades comunales. Y sobre la existencia de laboratorios de procesamiento de droga. Desde que empezó la pandemia, cuatro comuneros kakataibo han sido asesinados por defender sus territorios de invasiones de narcotraficantes.
Lo cierto es que las autoridades no hacen nada, pese a que existe un mecanismo intersectorial para garantizar la integridad de las personas amenazadas por reivindicar derechos humanos, territoriales y ambientales, creado por Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.
No hay medidas coordinadas contra el narcotráfico con los pueblos directamente afectados ni para proteger a los defensores y las defensoras indígenas. Pese a las muchas advertencias. En marzo pasado, las autoridades regionales de Ucayali revelaron que se habían detectado 46 narcopistas en esa región. Y poco después, también en Ucayali, se incautaron 31 toneladas de insumos químicos con los que pueden procesarse alrededor de dos toneladas de cocaína.
De acuerdo con información recogida por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), trece de esas narcopistas están ubicadas en territorios de pueblos indígenas. Solo en el distrito de Antonio Raymondi existen 37 comunidades nativas. Y en los últimos seis años el narcotráfico ha asesinado a diez autoridades comunales de Ucayali, por denunciar y exigir la salida de las mafias que invaden sus territorios para elaborar pasta básica de cocaína.
La atención mediática solo se centra en el VRAEM, una zona donde el narcotráfico opera desde hace décadas, sin que el Estado encuentre una solución. Y sin considerar que en ese valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro hay pueblos indígenas que viven bajo permanente amenaza.
Hay que tener en cuenta que el narcotráfico forma parte de una logística transnacional vinculada al financiamiento de esta actividad, que necesita tener operadores nacionales que abastecen de materia prima y forman parte del primer sector de la cadena productiva de cocaína. Este comercio ilegal opera mayormente en zonas con poca presencia del Estado.
Las amenazas a la vida y a la integridad territorial de los pueblos indígenas crecen día a día de manera exponencial, extendiéndose en diversas regiones, y puede provocar otra ola de miles muertos y de desplazados. Es urgente detener este peligro con estrategias efectivas que deben ser diseñadas e implementadas con participación de las autoridades indígenas y pleno respeto a su autonomía. Hoy más que nunca es urgente la ratificación por el Estado peruano del Acuerdo de Escazú, pero garantizando su aplicación efectiva para que no sea otro instrumento más que solo queda en el papel.
¡Protección efectiva para nuestros defensores y defensoras ahora!
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