Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) presentamos un informe con importantes aportes para la evaluación periódica universal al Estado peruano en materia de derechos humanos (DDHH). En este informe evidenciamos que el Estado peruano no está cumpliendo su obligación de garantizar derechos de los pueblos y las mujeres indígenas como la consulta previa, libre e informada y el acceso a la justicia.
El jueves 14 de julio presentamos nuestro informe alternativo para el Examen Periódico Universal. Este es un examen que se realiza entre Estados sobre los avances de cada país respecto a la situación de los derechos humanos. En octubre de este año el Perú presentará su informe a partir de las recomendaciones que le hicieron otros Estados y la información de la sociedad civil, quienes plantean preguntas y recomendaciones previas al examen.
Consulta previa y justicia.
La regulación nacional sobre consulta previa no está adecuada a los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas. La Ley 29785, Ley de Consulta Previa, no solo vulnera el derecho a la consulta, sino que además no garantiza el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Establece que la decisión final en todos los casos siempre la tomará el Estado y nombra a las manifestaciones de la libre determinación de los Pueblos como “sugerencias o recomendaciones” no vinculantes para la decisión final.
En cuanto al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, ONAMIAP destacó que este año el Tribunal Constitucional (TC) falló en contra de la consulta previa como un derecho inherente de los pueblos indígenas al emitir la sentencia EXP. N.° 03066-2019-PA/TC que declara improcedente la demanda de dos comunidades campesinas que alegaban la vulneración de su derecho a la consulta previa.
Además, advertimos que el Estado permite que las empresas ingresen a los territorios indígenas antes de iniciarse los procesos de consulta. El propio Estado utiliza los medios de comunicación para estigmatizar a las comunidades y a sus líderes, ejerciendo presión para que los pueblos cedan ante los proyectos extractivos.
Además, utiliza las fuerzas del orden para criminalizar a los líderes indígenas y para militarizar los territorios comunales. Denunciamos que en el Perú existe una actuación sistemática y peligrosa que permite el uso abusivo de la fuerza por parte del Estado en el contexto de actividades extractivas.
Este uso indiscriminado de la fuerza se demuestra con la decisión de el Congreso de la República de promulgar la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”, Ley 31494. La norma promueve un paramilitarismo financiado por el Estado y el sector privado, vulnera nuestros derechos de pueblos indígenas a la autonomía, al sistema de justicia propio y al consentimiento previo, libre e informado.
Por otro lado, nuestro informe reiteró la necesidad de que las organizaciones indígenas tengan una efectiva participación política. Hace varios años hemos levantado la demanda de la restitución de la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado. Dicha institucionalidad debe tener rango ministerial, contar con autonomía funcional, técnica, económica, financiera, administrativa y presupuestal, y estar adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Madre Naturaleza y la protección de los pueblos indígenas que la defienden
Otro tema de extrema relevancia es que no se protege a la Madre Naturaleza. En el Perú, según SERFOR, existen 389 especies evaluadas en peligro crítico; hay 8.2 millones de hectáreas degradadas. También se han perdido 190 mil hectáreas de bosque durante el primer año de la pandemia de COVID-19 (MAAP, 2020). Además, los pueblos indígenas que defienden sus territorios están siendo perseguidos y asesinados.
Ante esta situación crítica, ONAMIAP presentó una propuesta de Proyecto de Ley que recoge la cosmovisión indígena de convivencia armónica y recíproca con la naturaleza, reivindicándola como un ser vivo para el reconocimiento de sus derechos. La propuesta recibió aportes de otras organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como la opinión favorable de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. Sin embargo, los poderes ejecutivo y legislativo se negaron a aprobar esta ley.
En cuanto a la protección de quienes defienden a la Madre Naturaleza, si bien se ha aprobado el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos (Decreto Supremo N° 004-2021-JUS), éste tiene una gran falencia: es solo de carácter individual y no colectivo, por lo que pueblos o comunidades no podrían ser reconocidas por su defensa territorial.
Educación y salud intercultural
El informe de ONAMIAP remarca que durante la pandemia el Estado optó por la educación virtual para salvar el año escolar, sin pensar en que las y los escolares indígenas enfrentan mayores desventajas para acceder a este tipo de la educación. A esto se suma la inconsistente aplicación de la educación intercultural bilingüe (EIB) en los centros educativos donde estudian niñas, niños y adolescentes indígenas. Solo el 12% de los colegios de nivel secundaria aplican la EIB. Esto genera graves consecuencias como la desaparición de idiomas originarios.
Además, el Estado está actuando regresivamente. En enero de este año, el Ministerio de Educación solicitó a los directores y gerentes regionales de educación la relación de las instituciones educativas con la finalidad de que estas sean exceptuadas de la aplicación del modelo de EIB. También este año el Ministerio de Educación recortó plazas para la contratación directa de docentes, a pesar de la gran necesidad de docente bilingües a nivel nacional.
En cuanto a salud, recordamos que la Política Sectorial de Salud Intercultural fue aprobada en abril de 2016, pero desde esa fecha hasta hoy no ha sido implementada efectivamente y no ha garantizado atención adecuada e idónea para nuestros hermanos y hermanas indígenas. A eso se suma que la desnutrición infantil asciende a 27.7% en las zonas rurales, pero afecta principalmente a los pueblos indígenas y lo mismo se repite con la anemia y los problemas respiratorios en niñas y niños.
El Estado tiene una deuda enorme con la salud de los pueblos indígenas y con la educación intercultural bilingüe. ONAMIAP demanda la implementación adecuada y rápida de las políticas y mecanismos gubernamentales que garanticen los derechos de los pueblos indígenas a la EIB y a la salud pública libre de discriminación, que respete sus conocimientos ancestrales y esté presente en las comunidades indígenas.
Reiteramos la importancia de exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas, y de la Madre Naturaleza. Como organización comunitaria, esperamos que los Estados evaluadores hagan recomendaciones al Estado peruano y que éste tome acciones inmediatas para revertir esta situación sistemática de vulneración de derechos de los pueblos y las mujeres indígenas.
Revisa el informe aquí:
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