Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), rechazamos que el Ministerio de Cultura diseñe una Política Nacional de Pueblos Indígenas sin respetar nuestro derecho a la consulta previa ni garantizar la participación efectiva de las organizaciones y pueblos indígenas representativas del país en la elaboración de la misma.
Una vez más, el Ministerio de Cultura (MINCUL) viola nuestro derecho a la consulta previa. Esta vez, en relación al diseño de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, la cual no ha sido consultada a los pueblos indígenas, pese a que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que el Estado debe garantizar consultas antes, durante y después de la medida en adopción; y también, garantizar que los pueblos, con nuestras organizaciones representativas, participemos en todas las etapas de la medida en cuestión.
¿Hasta cuándo las organizaciones indígenas seguiremos denunciando al Ministerio de Cultura, ente rector del Poder Ejecutivo en materia indígena, por vulnerar nuestros derechos colectivos reconocidos nacional e internacionalmente?
Desde ONAMIAP, somos claras al señalar que el “recojo de aportes” que viene haciendo el MINCUL a las 6 organizaciones indígenas que conforman el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas (GTPI) del Ministerio de Cultura no es un proceso de consulta, en tanto, excluye a organizaciones indígenas representativas y de alcance nacional, como la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P).
El GTPI es solo un espacio de “coordinación”, donde el Estado plantea los temas y usa a los pueblos indígenas para “legalizar” sus prácticas vulneratorias de nuestros derechos colectivos. Es por eso que como ONAMIAP decidimos evaluar nuestra participación en el GTPI y ya no participamos en dichas reuniones. Pero eso no quiere decir que nos dejen de consultar.
Frente a este contexto, nos preguntamos: ¿Solamente quienes están en el GTPI son consultados? ¿Es el MINCUL quien determina quiénes somos indígenas y quiénes no? ¿No somos acaso los pueblos indígenas quienes nos autoidentificamos como tales?
Señores del MINCUL, su obligación es consultar a los pueblos indígenas, toda medida que nos pueda afectar. Su función es esa y no la de estar creando mesa de trabajo, donde los pueblos participamos sin tener poder de decisión y sin que se respete la estructura orgánica de nuestras organizaciones. En ese sentido, exigimos al MINCUL que adecúe la Ley de la Consulta y su reglamento a los estándares internacionales, en materia de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado. Esta es una exigencia que las organizaciones indígenas venimos realizando desde el año 2011, con el objetivo de evitar la legalización de las violaciones de nuestros derechos por parte del Estado. Sin embargo, hasta la fecha, nuestro pedido ha sido ignorado. Y lo que hoy sufrimos la legalización de las violaciones de nuestros derechos. En nombre del “desarrollo” nos quitan derechos, debilitan nuestra seguridad territorial jurídica, nos imponen megaproyectos mineros. ¡Basta de tanto abuso!
Nosotras no negociamos derechos. Nosotras exigimos y defendemos la aplicación de nuestros derechos que fueron conquistados con la sangre de nuestras y nuestros ancestros. Y es por estas razones que nosotras nos sentimos discriminadas por el MINCUL, el cual ha normalizado la vulneración de nuestro derecho a la consulta, conforme al marco normativo internacional de pueblos indígenas.
Lamentamos que el MINCUL, una vez más, promueva políticas que no respetan nuestro derecho a la consulta previa. Y denunciamos que la Política Nacional de Pueblos Indígenas se realice como parte de la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por el presidente Vizcarra en favor de las grandes empresas y debilitando nuestros derechos territoriales y, también, nuestro derecho a definir nuestros propios modelos de desarrollo.
La propuesta preliminar de la Política Nacional de Pueblos Indígenas contempla la “articulación entre el modelo de desarrollo económico nacional”. Los pueblos indígenas tenemos nuestros propios modelos de desarrollo basados, principalmente, en la agricultura, la ganadería y la artesanía. No queremos ser despojados de nuestros planes de vida, sino que esta Política sirva para respetar a nuestro derecho a la libre determinación y a la seguridad jurídica de nuestros territorios ancestrales, pues es allí donde nos desarrollamos. Allí, vivieron nuestras ancestras y ancestros. Y vivirán las futuras generaciones. Por tanto, esta Política debe pasar por una verdadera consulta, donde se escuche las voces de nuestros pueblos que van más allá de “recoger aportes en el GTPI”. Señores del MINCUL, ustedes tienen la obligación de consultarnos TODA MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTARNOS. El derecho es nuestro, no suyo.
En ese sentido, también pedimos que la Defensoría del Pueblo pueda pronunciarse, respecto a estas violaciones, como pueblos indígenas.
Por nuestras hijas e hijos es que seguiremos en la lucha para el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Y acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales hasta que el Estado respete nuestros derechos.
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