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Desatención por COVID-19: una nueva amenaza de genocidio indígena en el Perú

Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP


Oficialmente en el Perú existimos 55 pueblos indígenas, organizados principalmente en comunidades campesinas y nativas, que representamos el 24.6% de la población nacional. Las mujeres indígenas constituimos el 23.8% sobre el total de mujeres del país. Además somos el 50.2% del total de personas indígenas: 3'256,859 (Censos Nacionales 2017). Este peso demográfico no se traduce en la implementación de políticas públicas que garanticen nuestros derechos individuales y colectivos; muy por el contrario, nuestra historia está marcada por la exclusión y el despojo. 

La pandemia de COVID-19 no solo ha evidenciado sino también ha profundizado las desigualdades sociales en el Perú, marcadas por el origen étnico, el género y la clase social. Desde su inicio, visibilizó las enormes brechas en el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la alimentación, el territorio integral, el derecho a una vida libre de violencias.

Estas variables se cruzan en un sistema que nos empobrece. Información del Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que el 2020 la pobreza monetaria afectó al 30.1% de la población, lo que representa un incremento de 9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según ámbitos geográficos, la pobreza afectó al 45,7% de la población rural y al 26% de la urbana, incrementándose en 4,9 puntos porcentuales y 11,4 puntos porcentuales, respectivamente, al compararla con el año 2019. Pero en las personas cuya lengua materna es indígena, el nivel de incidencia de la pobreza es casi el doble con respecto a las personas cuya lengua materna es el castellano. Esta pobreza afecta más a las mujeres indígenas (27.2%) que a los hombres indígenas (26.6%).  


Derechos vulnerados


En este contexto, para los pueblos y mujeres indígenas el COVID-19 ha significado una nueva amenaza de etnocidio por nuestras condiciones de marginalidad, exclusión y pobreza. ONAMIAP desde la primera quincena de la pandemia denunció la falta de medidas específicas para prevenir –y posteriormente contener– la expansión del COVID- 19 en territorios indígenas. 


Territorios indígenas donde no existen centros de salud y, si los hay, tienen graves deficiencias en infraestructura, número de profesionales, materiales, equipos, medicinas. De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Comunidades Campesinas y de Comunidades Nativas (2017), de 6682 comunidades campesinas censadas, menos de la mitad (3240) cuenta con un centro de salud, el 52% (3363) no lo tiene. En el caso de las comunidades nativas, de las 2703 censadas solo 856 (32%) lo tienen y 1811 (68%) no. De los centros de salud existentes en comunidades campesinas apenas el 3.5% tiene servicio de internamiento. Y en las comunidades nativas, solo el 1.7%.

A esto se suma que la prevención del COVID-19 se sustentó principalmente en el lavado frecuente de manos. ¿Cómo hacerlo sin acceso a agua potable y con nuestras fuentes de agua contaminadas por actividades extractivas? El abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda solo llega al 61.3% de la población indígena andina. En la Amazonía, solo el 25.8% tiene abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda. 

Está además la total falta de transparencia y de indicadores epidemológicos diferenciados. Hasta ahora no se conoce el número real de personas indígenas contagiadas y fallecidas por COVID-19. Pese a existir normas al respecto, en la práctica la data no contempla la variable étnica.

La Política Sectorial de Salud Intercultural fue la primera política del Estado sometida a un proceso nacional de consulta previa, que se realizó entre septiembre del 2013 y noviembre del 2014. Esta política tardó casi dos años en aprobarse formalmente. Años después y en plena pandemia, aún no se cumple.

La situación no es distinta en el caso de la vacunación. Según información de la Defensoría del Pueblo, al 8 de febrero las regiones de Huánuco, Junín, Ayacucho, San Martín, Pasco, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Amazonas y Cajamarca registran un avance de apenas 46% de la población indígena con una dosis, el 33% con dos dosis y solo el 6% con la dosis de refuerzo. En cinco regiones aún no se cubre ni la mitad de la población objetivo con la primera dosis. Por ejemplo, Cajamarca solo cuenta con 17% de personas indígenas vacunadas, Amazonas con 35%, Loreto con 37%, Ucayali con 42% y Madre de Dios con 46%. A la desidia estatal se suman otros factores: desconfianza en el Estado, información falsa y fundamentalismos religiosos ani-vacunas.

No se trata solo del COVID-19. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del lanzó el 16 de febrero una alerta epidemiológica por la confirmación de 5218 casos de dengue, siendo la tasa de incidencia de 15.80 por 100 mil habitantes. El 82.1 % (4 283) de los casos de dengue se concentran en las regiones de Ucayali, Huánuco, Cajamarca, Cusco, San Martín. Piura, Junín y Loreto.

El futuro y la propia vida de nuestros niños y niñas también está en riesgo. La desnutrición crónica de menores de 5 años a nivel urbano alcanza el 7.3% y a nivel rural el 27.7% (ENDES 2018).  Sin embargo, la mayor prevalencia en el país la registran los pueblos indígenas. Lo mismo ocurre con la anemia. Por ejemplo, en la región San Martín, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2019, el índice de anemia infantil es de 44.3%.


En educación el panorama es igualmente desolador. Como respuesta a la pandemia, el Estado peruano optó por la educación virtual. Pero las y los escolares indígenas enfrentan mayores desventajas para acceder a ella. Solo el 19.8% de pueblos indígenas andinos y el 9.8% de los amazónicos tiene conexión a Internet. La señal de telefonía celular también es muy escasa. Según reportes independientes, el 91% de los y las adolescentes accedieron a la educación virtual a través de la radio. 

Las políticas contra la pandemia se diseñaron desde Lima y solo para las familias de ingresos medios de las ciudades. En Lima, la propia capital, niños y niñas de distritos pobres deben trepar cerros en busca de señal para acceder a las clases virtuales. Ni qué decir de los pueblos y las mujeres indígenas, que seguimos siendo invisibles para el Estado.

La pobreza económica también se profundizó para los pueblos y las mujeres indígenas, junto con el despojo territorial. El Estado priorizó en su plan de reactivación económica las actividades extractivas, como la minería y el petróleo, que no se habían detenido durante la cuarentena, vulnerando nuestros derechos a la consulta y el consentimiento, la libre determinación y la autonomía. Mientras tanto, nuestras comunidades, encerradas, no tenían acceso al mercado para sus productos. La economía indígena nunca fue reactivada, poniendo en mayor riesgo nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Más grave aún: el Estado pretendió implementar la consulta previa virtual, en la que nuestras comunidades no tenían posibilidades de participar.


Los pueblos indígenas amazónicos sufren los impactos de la explotación petrolera desde hace más de 50 años. Muchos derrames petroleros están pendientes de remediación ambiental. Los pueblos indígenas amazónicos dependen de la naturaleza y su biodiversidad para existir, severamente afectadas por esos derrames. Además, están la falta de atención a la salud de las personas afectadas y la falta de sanciones efectivas a las empresas responsables.

Durante la pandemia, la actividad petrolera sigue sembrando desastres. Entre marzo del 2020 y julio del 2021, según el portal noticioso Ojo Público, se produjeron 45 derrames petroleros solo en Loreto. Y en menos de un mes, de acuerdo con el el Observatorio Petrolero de Puinamudt se han producido otros cuatro derrames: 27 diciembre 2021: cuenca del río Tigre; 31 de diciembre 2021: uno en la cuenca del río Corrientes y otro en Santa María Nieva; 13 de enero 2022: uno en el río Huangayanacu.

A todas estas múltiples violencias contra las mujeres indígenas se suma la absoluta desprotección frente a la violencia familiar. La falta de acceso a la justicia debido a la lejanía de las comunidades y la falta de señales de telefonía e Internet, es dramática. No hay una atención diferenciada de los operadores de justicia para las mujeres indígenas. Con la pandemia, todo esto se ha agravado, porque la cuarentena las obligó a convivir encerradas con sus agresores. 


Acciones y propuestas


Frente a estas vulneraciones de nuestros derechos fundamentales, los pueblos y las mujeres indígenas no hemos permanecido impasibles. Desde ONAMIAP, las hemos denunciado, directamente desde nuestras bases. Y hemos exigido al Estado políticas diferenciadas y específicas, acordadas con nuestras organizaciones, para enfrentar la pandemia.


Ante el abandono del Estado, desde nuestra ciencia y tecnología ancestrales, hemos recurrido a nuestras plantas medicinales. Para alimentarnos, recuperamos nuestros propios alimentos y fortalecimos nuestro trabajo colectivo, acogiendo incluso a las miles de personas que retornaban desde las ciudades y enviando alimentos a familiares radicados en esas ciudades. 


En plena pandemia, presentamos un proyecto de ley para reconocer a la Madre Naturaleza, sus ecosistemas y especies, como sujeta de derechos, para superar la visión antropocentrista y economicista que considera a los bienes naturales solo como recursos para ser explotados.


Para cerrar de manera definitiva las desigualdades e injusticias, necesitamos cambiar el sistema dominante, destructor de las vidas y vulnerador de derechos. Para avanzar hacia ese objetivo estratégico, necesitamos cambiar la Constitución Política que nos dejó la dictadura de Alberto Fujimori de los años noventa y que sienta las bases para el despojo territorial, la destrucción de la naturaleza y la vulneración sistemática de nuestros derechos colectivos e individuales, como pueblos y como mujeres indígenas.


Demandamos por ello la Convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Paritaria, con participación de todos los movimientos sociales, los pueblos y las mujeres indígenas, que reconozca el Estado Plurinacional, proteja todas las formas de vida y abra el camino hacia el ejercicio pleno de los derechos de todos y todas: hacia el Buen Vivir / la Vida Plena.


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