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COMISIÓN INTERNACIONAL DEBE INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA

Todos los poderes del Estado están articulados para asesinarnos y criminalizarnos

A la dictadura cívico-militar-empresarial no le basta con le basta con asesinarnos, herirnos de gravedad, detenernos arbitrariamente, criminalizarnos. Además, se burla de nuestro dolor e indignación para demostrarnos que controla todos los poderes y está dispuesta a acabar con todas las vidas y todos los derechos.

El Congreso ha instalado una comisión investigadora de los asesinatos perpetrados por la policía y el ejército por órdenes de la dictadora Dina Boluarte, luego de darle su voto de confianza al gabinete ministerial criminal presidido por Alberto Otárola. Ese congreso puso a la dictadora, no puede ser juez y parte. ALERTAMOS que esta comisión puede ser solo un mecanismo para alterar las pruebas y GARANTIZAR LA IMPUNIDAD de los responsables materiales y los responsables políticos de los asesinatos.

Reiteramos que en el Perú NO EXISTEN GARANTÍAS para alcanzar la justicia. El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional forman parte de la dictadura. Por eso el Poder Judicial ha nombrado jefe de asesores de su presidente a Pedro Angulo y el Tribunal Constitucional emite sentencias que recortan derechos. Para eso cuentan con sus grandes medios de comunicación que no cesan de estigmatizarnos y terruquearnos.

MÁS GRAVE AÚN: la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público ha dispuesto la división de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, terrorismo e interculturalidad en dos: fiscalías supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad, y fiscalías penales supraprovinciales especializadas en delitos de terrorismo y delitos conexos.

El objetivo no es otro que procesar por terrorismo a todos los detenidos y las detenidas en las movilizaciones. Han pasado del asesinato masivo al asesinato selectivo con la muerte de Remo Candia Guevara, presidente de la Federación Campesina de Anta. Y de las detenciones arbitrarias masivas a las selectivas: han detenido a Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FEDEPA) con otros dos dirigentes de esa federación, acusándolos de terrorismo. En total son siete los detenidos.

Los han detenido y presentado como terroristas sin ninguna garantía: la hermana de uno de los detenidos ayer en Ayacucho ha denunciado que los tienen incomunicados, no dejan que los vean ni familiares ni abogados ni el juez. Los llevaron a la base militar “Los Cabitos”, donde torturaban, asesinaban, cremaban y desaparecían a los detenidos en los años ochenta. Y luego los trasladaron desde allí en una avioneta hacia Lima.

DEMANDAMOS CON URGENCIA a los organismos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas que nombren UNA COMISIÓN INTERNACIONAL para investigar los cerca de cincuenta asesinatos de la dictadura cívico-militar empresarial, sus detenciones arbitrarias y todas sus vulneraciones de derechos humanos, como ÚNICA GARANTÍA PARA ENCONTRAR JUSTICIA.

En este creciente río de sangre, una burla más de la dictadura asesina: ha emitido el Decreto Supremo 004-2023-PCM que declara el 2023 como “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”. Esto es echar sal sobre nuestras heridas. No hay unidad con los asesinos, no hay paz sin justicia, no queremos un desarrollo que vulnera derechos y destruye a nuestra Madre Naturaleza.

¡No nos rendimos!

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