“Se trató de una grave violación masiva de los derechos de las mujeres: se llevaron a cabo más de 200 mil esterilizaciones forzadas a mujeres, rurales en su mayoría, en tan sólo dos años, 1996 y 1997. Además, fue un crimen sistemático ya que las esterilizaciones eran parte de un programa estatal del que las altas instancias del poder estaban informadas” , afirmó. Vidal reafirmó en ese sentido que “tanto la sistematicidad como la generalidad son dos características de los crímenes de lesa humanidad”. Para Melania Canales, presidenta de la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA) y vicepresidenta de la ONAMIAP, las esterilizaciones “tuvieron un claro tinte racista, misógino y clasista”, ya que las víctimas fueron en su mayoría mujeres e indígenas que habitaban y habitan zonas rurales. No obstante, Canales hizo un llamado a la consciencia colectiva de todas las mujeres del país para “unirnos y trabajar conjuntamente en la búsqueda de justicia y reparación.” A su vez se refirió a la falta de un enfoque intercultural en las políticas de salud y de planificación familiar, tomando en cuenta los conocimientos de la medicina ancestral, así como los diferentes contextos culturales existentes en nuestro país. Por último, Richard Almonacid, abogado representante del Ministerio de Justicia de Ayacucho explicó los procedimientos para el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Almonacid mencionó que la oficina del REVIESFO en Ayacucho lleva poco más de un mes de funcionamiento y que hasta ahora se han podido registrar 87 víctimas. Explicó que uno de les requisitos más difíciles de cumplir es el de la presentación de un documento médico que acredite el procedimiento quirúrgico. Empero, para dichos casos, sostuvo que se contará con la evaluación de un médico legista que dé cuenta de la operación para que luego la oficina pueda pedir al centro médico donde se hizo esta, la historia médica de la víctima.
(Extractos de las ponencias)
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