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Alta Comisionada de la ONU pide al Estado peruano hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas

“Los acuerdos alcanzados para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos y de otro tipo deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardias sociales y medioambientales y mitigar cualquier impacto negativo”, señaló la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, al concluir el miércoles 20 de julio su visita oficial al Perú.


En el transcurso de esta visita, durante la reunión que Bachelet sostuvo con las organizaciones indígenas, Melania Canales Poma, presidenta de ONAMIAP, hizo énfasis precisamente en la obligación del Estado peruano de garantizar el ejercicio de nuestros derechos a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, la autonomía y la libre determinación, de acuerdo con los estándares internacionales.


La Alta Comisionada de la ONU expresó que “con demasiada frecuencia, las promesas de desarrollo de las industrias extractivas no llegan a beneficiar a las comunidades afectadas, especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales”. Y que el remedio a la contaminación dejada por proyectos anteriores aún no se ha llevado a cabo en su totalidad.


Se refirió, asimismo, a las permanentes amenazas a la vida e integridad de los pueblos indígenas por parte de la minería y tala ilegales y el narcotráfico, frente a lo cual el Estado debe hacer esfuerzos “para hacer frente a la impunidad de la que gozan estos grupos criminales”. Ello en coordinación con los pueblos indígenas y sus organizaciones.


Otro tema que abordó Michelle Bachelet fueron las grandes brechas de desigualdad que afectan a los sectores sociales más marginados, brechas que se evidenciaron durante la pandemia en el acceso a la educación, por ejemplo. También advirtió que en el Perú alrededor de 15,5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos.


Todo esto sucede, según la propia Bachelet, pese a que “para contrarrestar el retroceso en el respeto de los derechos humanos, Perú ya dispone de importantes herramientas, como leyes, políticas y protocolos que están alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, pero que requieren esfuerzos para garantizar su aplicación, con el presupuesto y el personal adecuados”. Es decir, cerrar esa otra gran brecha que existe entre los compromisos internacionales del Estado peruano y la realidad.




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