El 20 de octubre, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 01210/2021-CR que modifica la ley 24657, ley de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas. Esta iniciativa legislativa, promovida por el Partido Podemos, busca formalizar a los invasores de territorios indígenas, afectando gravemente a la propiedad comunal ancestral de los pueblos indígenas. A pesar de ser evidente la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, este proyecto de ley no fue consultado con las organizaciones indígenas del país.
El proyecto 01210/2021-CR aprobado por el Congreso declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas, para incorporar en el proceso de formalización a los pobladores que formen parte de posesiones informales constituidas del 2004 al 2015 con fines de vivienda sobre propiedad comunal.
En la justificación del propio proyecto de ley se detalla que, según informe de COFOPRI, existen 568 pueblos con posesiones informales que se han constituido sobre propiedad comunal del 2004 al 2015, contabilizándose una cantidad de 65564 lotes que de aprobarse esta ley se estarían formalizando en territorio indígena, en 14 regiones del país.
En el procedimiento de aprobación de este proyecto de ley se solicitó información al Ministerio de Vivienda, a la Municipalidad de Lima, la SUNARP, Ministerio de Justicia y COFOPRI. Sin embargo, a pesar de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas no se solicitó opinión a ninguna organización indígena, ni tampoco al Ministerio de Cultura, que es el ente rector del Estado en materia de pueblos indígenas. En ese sentido, el Congreso nuevamente ha vulnerado los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado.
El Congreso aprobó este proyecto de Ley a pesar de que tanto el Ministerio de vivienda como SUNARP señalaronque, de acuerdo con la normativa vigente y a la vulneración de derechos de pueblos indígenas, no se podía aprobar sin haber realizado el proceso de consulta previa.
En consecuencia, exhortamos al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, que observe el Dictamen de Ley por no haberse realizado la consulta previa para su aprobación y porque viola derechos territoriales de los pueblos indígenas e impacta directamente en su subsistencia física, cultural y espiritual.
¡Basta de atentar contra nuestros derechos colectivos!
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